A propósito de un debate

Por: Laura Ríos
Publicado: 10/08/2018

               Meme  que circula por lestos días en las redes sociales

Entre los muchos cambios que se proponen en el anteproyecto de Constitución, uno de los que más debate ha provocado en la calle, las redes sociales y en la propia sesión parlamentaria de julio pasado es el referido al matrimonio, en el artículo 68 del citado documento, ahora difundido y distribuido por millares para que la gente lo lea, analice y opine, antes de someterlo a referendo.

Pero ese debate va más allá de criterios personales a favor o en contra sobre restringir el matrimonio, como hasta ahora, a la unión entre un hombre y una mujer, para empezar a entender que esta institución puede y debe acoger a otros tipos de uniones que, he hecho, existen.

Por una parte, se trata de dar actualidad a la ley suprema de la nación, por la cual se rigen y derivan otras muchas normativas específicas y generales que dictan y regulan la legalidad cotidiana. Se sabe, por ejemplo, que el proyecto de reforma del Código de Familia, con varios años de espera para actualizarse en muchos aspectos ya trascendidos por la vida, necesita igualmente de una nueva formulación sobre lo que es el matrimonio para poder avanzar en otros cambios valiosos que no solo aluden a la unión.

Pero se trata, sobre todo, de un acto de verdadera justicia humana.

Casarse o no, formalizar o no una unión conyugal, es un acto de absoluta voluntad personal. Hay quien no cree mucho en la formalidad matrimonial y no la necesita para legitimar su amor. Y nunca se casa. La vida nos sigue probando que lo que hace duradero, auténtico, feliz y perdurable una unión no es precisamente un acta notarial.  Sin embargo, lo que no debe suceder es que esa opción exista para unas personas y no para otras.

De modo que al dejar atrás la vieja formulación y entender que el matrimonio es la unión voluntariamente concertada entre dos personas con aptitud legal para ello y que descansa en los derechos y deberes de los cónyuges,  estamos reconociendo ese derecho para muchas personas que no viven el amor y la unión heterosexuales, pero igual viven su amor y su unión a  plenitud y merecen hacerlo además en igualdad de condiciones y derechos, como auténticos seres humanos.

Tampoco se trata solo de revindicar esas legítimas historias de amor, que ya sería muy válido. Del matrimonio, su formalidad, existencia y hasta disolución, se derivan deberes y derechos. De modo que reconocer como legítima la unión entre dos personas les facilita también disfrutar de otros derechos básicos que  hoy les están negados a las parejas no heterosexuales, como puede ser el derecho patrimonial, a una pensión en caso de fallecimiento de la pareja, a formar una familia,    acceder a la reproducción asistida o la adopción, entre otros ejemplos.

Con la aprobación del artículo 68, además, estaríamos legitimando jurídicamente realidades que ya son parte de la vida común cubana y universal y que cada vez ganan mayor visibilidad y autenticidad, como numerosas familias de dos mamás o dos papá, con hijos e hijas felices.

Por estos días se insiste con razón en que no hay evidencias científicas que demuestren que hijos e hijas de parejas homoparentales desarrollen alguna patología o secuela psicológica  por el tipo de familia en que viven ni la orientación sexual e identidad de género  de sus familiares.

 

Lo que sí está probado es que los prejuicos, la desigualdad, la vulneración de esos derechos que todas las personas debemos tener sí produce injusticas, infelicidad y lacera la dignidad humana.

Canadá fue el primer país de este continente que legisló en 2005 a favor de la unión legal entre dos personas, en la Ley de Matrimonio Civil. Y antes que termine este año debe aplicarse por sentencia judicial en Costa Rica, donde algunos derechos de convivencia son reconocidos y las personas solteras pueden adoptar, se recoge en el dossier “Deconstruyendo mitos en torno a  las parejas del mismo sexo”, publicado por el Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex).

De aprobarse como se formula el artículo 68 del proyecto de Constitución, Cuba sería el octavo país de la región que legislaría a favor de la unión no heterosexual, con un reconocimiento y protección en derechos y deberes para todos los tipos de familias. Un acto jurídico sin dudas avanzado, pero sobre todo tremendamente humano y justo.

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